Las Universidades no podrían contratar a sus propios doctores y se podría ser Titular sin pasar por la ANECA

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La reforma del sistema universitario público español podría estar más cerca. Tras siete meses de deliberaciones, la comisión de expertos entregó este pasado viernes al ministro Wert su propuesta de reformas universitarias (PDF), incluyendo dos votos particulares (PDF).Aunque el Ejecutivo no tenga la obligación de seguir las recomendaciones de este informe y ahora se abra la incertidumbre sobre si Wert abrirá un período de negociación con todos los sectores implicados o no, vamos a desgranar los cambios propuestos en las más de 80 páginas del informe.

El comité de expertos, el pasado viernes 15 de febrero (Fuente: Ministerio de E.C.y D.)

Selección del profesorado

Según el informe, éste es el punto más importante de todos ya que la criba que se haga a la hora de contratar al PDI determina tanto la calidad de la enseñanza como el de la investigación.

Se proponen dos maneras de contratar personal PDI con plaza fija:

  1. Mediante acreditación nacional pública (titulares y catedráticos). Parecido al sistema actual de la ANECA, pero reformando la evaluación como detallo más abajo. Los candidatos deben concursar a nivel nacional para conseguir un número limitado (no ilimitado como ahora) de acreditaciones, para posteriormente optar a plazas en las distintas universidades (al igual que ahora).
  2. Contratación directa (a dedo) de doctores. Se podrán contratar como titulares o catedráticos universitarios a quien la universidad decida. Haya pasado la acreditación o no. Este modo está ideado para atraer al “talento extranjero”, personas que al no ser españolas tienen imposible acreditarse. También parecen que entran en esta categoría los “tenure tracks” que mencionaré abajo, aunque en ningún momento limita su uso explícitamente a dichos casos.
En mi opinión, este segundo punto es muy peligroso si se deja tal cuál, porque permite contratar a “doctores españoles y extranjeros“, dejando abierta la puerta a la arbitrariedad y falta de competencia entre distintos doctores españoles, ya que algunos deberán pasar la acreditación nacional, y otros no.
El espíritu de la ley puede ser bueno, pero no se debería asumir que siempre se vaya a hacer un uso justo de esta nueva potestad de las universidades.

ANECA

Se dan varios argumentos legales según los cuales el actual método de evaluar mediante la agencia ANECA vulnera varias leyes y derechos, por lo que se propone su eliminación paulatina a medida que se implanta un nuevo modelo más parecido a la antigua “habilitación nacional”. Los acreditados por ANECA seguirán teniendo los mismos derechos que los usuarios del nuevo sistema.

Prevención de la endogamia

“Se recomienda impedir cualquier tipo de contratación por una universidad de un doctor propio, salvo que éste hubiera estado previamente vinculado a otra universidad (…) por un período no inferior a 36 meses”

Cada cuál tendrá su opinión sobre este controvertido tema de la “endogamia”, que tiene sus defensores y sus detractores.

“Tenure tracks”

Para fomentar la contratación de investigadores con contratos no indefinidos y premiar el rendimiento, se propone crear contratos posdoctorales por duración de cinco años para “jóvenes brillantes”, cuyo título de doctor no tenga más de diez años. Si se cumplen una serie de objetivos establecidas por la universidad, el contrato pasaría a ser de Titular de Universidad (es decir, funcionario), sin necesidad de pasar por ANECA ni acreditación nacional.

Sería una equiparación con los actuales contratos Ramón y Cajal, pero sin pasar por los estrictos filtros de calidad que estas plazas demandan, ya que aparentemente cada universidad podría contratar a quien quiera sin necesidad de concurso público.

Sexenios

Se potencia el uso de los sexenios como vara de medir en casi todos los ámbitos:

  • Se propone que todo PDI pueda optar a ellos, no sólo personal funcionario como hasta ahora.
  • Los complementos salariales asociados a sexenios deberían aumentar sustancialmente para motivar la investigación. El 57.6% del PDI funcionario nacional tenía (hasta el año pasado) entre ningún y un sólo sexenio.
  • Otorgar la condición de profesor emérito automáticamente a quienes tengan seis sexenios.
  • Mínimo de dos sexenios para participar en los comités de evaluación nacional que reemplazaría a la ANECA actual.

Nuevo sistema de gobierno universitario

  • La viga maestra de las reformas es la idea de que las universidades deben estar al servicio de la sociedad, y no a su propio servicio ni al de su personal. Por supuesto, la idea suena bien pero se puede interpretar y desarrollar de múltiples maneras.
  • El rector deberá ser un académico, que podría ser nacional o extranjero, y su sueldo se podrá establecer dependiendo de su “valía profesional” u otros factores.
  • Los mandatos del rector serían de cinco años en lugar de cuatro.
  • Será elegido directamente por el Consejo de la Universidad, formado por un número reducido de personas (unas 20) que podrán incluir expertos externos a la universidad. El consejo podría elegirse de la siguiente forma:
    • 50% elegidos por el Claustro de la Universidad. Al menos un estudiante y un miembro del PAS. Los PDI deberán tener al menos dos sexenios.
    • 25% correspondiente por la Comunidad Autónoma. Para evitar politizar la universidad, como ha ocurrido con las Cajas de Ahorro del país, se proponen incompatibilidades con cargos políticos o sindicales en los últimos 3 años.
    • El 25% restante sería elegido entre personas internas o externas por los dos grupos anteriores.
  • Es necesario reducir la carga burocrática de los profesores, que les impide dedicar tiempo a la docencia e investigación.

Financiación

  • Actualmente las universidades públicas reciben un 80% de financiación de fondos públicos, cifras similares a otros países europeos.
  • Se insta a las administraciones a replantear el dimensionamiento del número de títulos ofertados.
  • Evaluar mejor el coste de las universidades, atendiendo eso sí al “extraordinario valor que su actividad aporta al conjunto de la sociedad“, muy difícil de cuantificar.
  • Permitir a las universidades contratar a PDI de manera lenta pero constante en el tiempo, en lugar de las distintas épocas que se han vivido de “euforia”, que no permiten ser tan exigentes con la contratación del profesorado, y de “sequías”, que hacen que hasta los más brillantes jóvenes se pierdan y tengan que buscar empleo en el extranjero.
  • Impulsar una Ley del Mecenazgo que ayude a empresas o particulares el financiar actividades de I+D, o la creación de “cátedras con nombre” (habitual en EEUU y otros países).

Becas

  • Las becas en España han aumentado los últimos años, pero manteniéndose por debajo de la media de la OCDE: “es preciso (…) aumentar la inversión pública en becas y ayudas“.
  • Establecer un marco estable de becas-préstamo, en una de estas tres posibles modalidades:
    • Préstamos directos del estado.
    • Financiados en parte por el sector privado. Canadá y EEUU han abandonado esta modalidad.
    • Préstamos universales basados en la renta familiar. Los pagos realizados por los estudiantes serían proporcionales a la renta familiar.

Dos votos discordantes

Los profesores Oscar Alzaga Villaamil y Mariola Urrea Corres, ambos juristas, han emitido un voto particular en un documento de 31 páginas. Resumo algunos de sus puntos clave:

  • Las Universidades gozan de una valoración positiva del 88% de la sociedad (CIS), en “las antípodas” de “otras” instituciones que preocupan mucho más a los ciudadanos.
  • Cambiar el modelo normativo para acercarlo a los de las Universidades de Oxford, Cambridge o el MIT, no hará que las universidades españoles den automáticamente un salto en excelencia. Hay que tener en cuenta el “contexto social” de unas y otras universidades.
  • Manifiestan su preocupación por una declarada voluntad de desfuncionarizar la universidad. ¿Qué ocurre con la libertad de cátedra?
  • Se preocupan por la posibilidad de establecer condiciones ad personam en los contratos de una parte significativa del profesorado.
  • Se oponen a la propuesta de que el número de acreditaciones nacionales por año se adecuen al número de plazas ofertadas: ¿qué problema existe realmente por tener a investigadores preparados y acreditados pero sin una plaza? Bastaría eso para terminar de desmotivar a los jóvenes investigadores, que ya ni siquiera verían reconocido su esfuerzo mediante una acreditación (aunque no se materializase en plaza).
  • Se podría reformar la ANECA, pero no prescindir de ella.
  • Manifiestan cautela en torno al proceso de selección de profesor contratado (no funcionario), para que ofrezca las debidas garantías y no vulnere los principios que rigen la contratación en el ámbito de la administración pública.

Para leer más sobre el tema en la prensa:


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