La PSA lanza un SOS: absurda Ley presupuestaria del Gobierno Rajoy les impide investigar

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Querría haceros llegar el grito desesperado de compañeros investigadores de la Plataforma Solar de Almería (PSA), el centro de investigación más importante del mundo en tecnologías solares térmicas de concentración. En resumen: teniendo financiación de fondos Europeos que no afectan para nada a los PGE, el Ministerio se agarra a la orden HAP/1169/2016 del 14 de julio del Gobierno español (creada para reducir el déficit público) para impedir la adquisición de material en la PSA. Tendrán que devolver cientos de miles de euros a Europa, sin poder hacer uso de ellos, ¡y hasta con intereses! Indignante. Han insistido en lo absurdo de la situación a cuantas personas podrían tomar una decisión, sin recibir ninguna respuesta. Ya sólo les queda que el tema salte a los medios para intentar que el Gobierno les preste atención.

Vista de la Plataforma Solar de Almería (PSA).

Han creado una petición en Change.org para pedir a Luis de Guindos que reconsidere su situación. A continuación os dejo la nota de prensa donde explican la situación:

Los procedimientos y normas impuestas por el Gobierno central llevan a la Plataforma Solar de Almería a su desaparición como referente mundial en la I+D termosolar y a la pérdida de numerosos puestos de trabajo

La Plataforma Solar de Almería (PSA, www.psa.es), ha sido hasta ahora el centro de investigación más importante del mundo en relación con las tecnologías solares térmicas de concentración, liderando la gran mayoría de las principales iniciativas internacionales que actualmente se encuentran en marcha auspiciadas, impulsadas o respaldadas principalmente por la Unión Europea. Los problemas de gestión provocados por las normas impuestas por el Gobierno a los Organismos Públicos de Investigación desde Enero de 2016 están dañado de forma importante y con gran celeridad la reputación que se había ganado justamente la PSA desde su nacimiento hace ya más de 30 años. Los serios problemas de gestión provocados por dichas normas están demostrando claramente que dichas normas son incompatibles con la gestión adecuada de una gran instalación científica y tecnológica como es la PSA, que gestiona proyectos internacionales plurianuales de elevado presupuesto y financiados con fondos ajenos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta situación no solo hace que participar en nuevos proyectos que conlleven tareas y presupuestos plurianuales de cierta complejidad e impacto, resulte imposible, sino que también impide a la PSA desarrollar correctamente los proyectos que ya tiene en marcha, teniendo incluso que devolver los fondos concedidos, debido a la imposibilidad de ejecutarlos. Fondos, que por otro lado provienen de fuentes ajenas a los PGE, como son los fondos provenientes de la Comisión Europea para los proyectos del programa Horizonte 2020.
La imposibilidad de poder llevar a cabo las actividades comprometidas en los proyectos está provocando quejas formales de otras instituciones por poner en peligro la PSA el conjunto del proyecto. Otro ejemplo de los problemas originados por las normas impuestas por el Gobierno es el retraso de más de seis meses que se ha producido ya en algún proyecto concreto a la hora de distribuir la PSA a los socios de proyecto los fondos dados por la Comisión Europea para dicho proyecto.
No se trata de un problema de liquidez, ni de falta de fondos, sino de la imposibilidad de ejecutar dichos fondos para desarrollar los proyectos a los que están asociados. Como ejemplo se puede mencionar que desde Agosto de 2016 hasta junio de 2017 la PSA no ha podido adquirir ningún equipamiento, a pesar de disponer del dinero requerido para ello. Durante el año 2016, la imposibilidad de adquirir material inventariable estuvo motivada por la Orden HAP/1169/2016 de 14 julio, dada por el Gobierno español con el argumento de reducir el déficit público, lo cual no tenía sentido en el caso de la PSA porque los fondos finalistas que recibe la PSA desde la Comisión Europea no afectan al déficit público de España, ya que no provienen de los PGE. Esta imposibilidad de adquirir el material que necesita la PSA para acometer las actividades que tiene comprometidas en proyectos internacionales, a pesar de tener el presupuesto necesario para ello, no solo está perjudicando a dichos proyectos y, por ende, a todas las entidades participantes en los mismos, sino que dichos fondos tendrán que ser devueltos a la Comisión Europea, en algunos casos incluso con intereses, y con ello no solo se habrá perdido esa inversión en España, sino también puestos de trabajo asociados a los proyectos. Este problema se va agravando más y más cada día, con la imposición de procedimientos cada vez más restrictivos.

Lo explicado anteriormente es solo un ejemplo de la situación irracional en la que el Gobierno ha puesto a la PSA, situación que no reduce el déficit público ni beneficia a nada ni a nadie. Pero, no obstante, la situación continúa a pesar de haber informado reiteradamente sobre la misma desde la PSA, utilizando todos los cauces oficiales disponibles, a todas las personas que tienen la capacidad de intentar acabar con esta lamentable situación, y con las que ha sido posible contactar.

Esta situación resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que la PSA está catalogada dentro de España como una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) y a nivel europeo está catalogada por la Comisión Europea como Large Scientific Installation, y sin embargo las normas impuestas por el Gobierno son diferentes a las existentes en la mayoría del sector de la I+D en España (Universidades y CSIC). Ellos no se rigen por estas normas, lo que les permite poder acometer y desarrollar con éxitos proyectos plurianuales importantes.
¿Por qué no se le permite a la PSA gestionar adecuadamente los presupuestos de proyectos plurianuales que vienen de fuentes distintas a los Presupuestos Generales del Estado?. Nadie ha dado una explicación sensata a esta pregunta que insistentemente hacemos desde la PSA a
cuantos tienen la autoridad y el poder para poner fin a una situación tan absurda e irracional. Parece muy lamentable que dentro de España dañemos de forma innecesaria la reputación de centros emblemáticos que han logrado, con su buen hacer durante años, estar a la cabeza internacional en su campo de actividad, como es la PSA. ¿No sería más lógico que se apoyara a este tipo de centros públicos nacionales, dotándoles de unas normas que les permitan ejercer, con control y absoluta transparencia, su actividad como referente mundial en su campo?.
Es conveniente hacer hincapié en que la absurda situación en la que se encuentra la PSA no está motivada por la falta de fondos, pues su calidad científica y técnica le ha permitido, en buena medida, captar fondos en el extranjero. Fondos que se han conseguido y están ingresados en cuenta, pero que las normas impuestas por el Gobierno desde enero de 2016 no permiten usar, aunque dichos fondos no tienen ningún impacto sobre el déficit público porque son fondos finalistas provenientes de la Unión Europea, que tendremos que devolver si no se gastan, con la consiguiente pérdida de inversión y puestos de trabajo en España. Se pueden dar muchas más razones por las que las normas impuestas por el Gobierno son insensatas y deben ser cambiadas urgentemente, pero la base fundamental es que están causando mucho daño al prestigio de la PSA, y por ende de España, sin que por ello se beneficie a nada ni nadie. La transparencia y control deben ser compatibles con la eficacia, y las normas actuales son cualquier cosa menos eficaces para permitir el desarrollo de proyectos de I+D importantes, que conllevan creación de empleo y riqueza en Almería. Esta creación de
empleo y riqueza ha sido demostrada por los proyectos que pudieron realizarse en la PSA cuando las normas de gestión eran diferentes, pero las nuevas normas ya están destruyendo empleo y riqueza, a la vez que la reputación de la PSA como centro internacional de referencia en su sector, sin que por ello se beneficie nada ni nadie, ni se reduzca en déficit público, pues los fondos que se tienen y no se pueden ejecutar son en su mayoría de la Comisión Europea y ajenos a los Presupuestos Generales del Estado. Las normas impuestas por el actual Gobierno de España impedirán crear casi veinte puestos de trabajo en 2018, a pesar de disponer ya la PSA del dinero necesario para ello Esta situación está llevando a la desaparición de las singularidades que han caracterizado a la PSA a nivel científico, y a la pérdida de la competitividad necesaria para poder seguir teniendo éxito en convocatorias públicas internacionales de I+D que le permitan seguir creando empleo y riqueza en la provincia de Almería.

 

 


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